El gobierno de Venezuela y la estatal petrolera PDVSA iniciaron un proceso de reestructuración de deuda externa con el objetivo de renegociar más de 60.000 millones de dólares en bonos en impago, en uno de los mayores casos de default soberano de América Latina.
La administración encabezada por Delcy Rodríguez busca avanzar hacia un acuerdo integral que permita aliviar la presión financiera sobre el país y recuperar acceso a los mercados internacionales. Como parte de la estrategia, Caracas prevé presentar en junio un nuevo marco macroeconómico y un análisis de sostenibilidad de deuda ante inversionistas y organismos financieros.
El proceso también incluye obligaciones vinculadas a PDVSA, cuya carga financiera total, junto con litigios y préstamos bilaterales, podría superar los 150.000 millones de dólares, según estimaciones de analistas internacionales.
Aunque el anuncio impulsó temporalmente el valor de los bonos venezolanos, especialistas advierten que la renegociación enfrentará obstáculos complejos, entre ellos sanciones internacionales, disputas legales con acreedores y la ausencia de un programa formal con el Fondo Monetario Internacional, considerado clave para otorgar mayor credibilidad al proceso.
La reestructuración representa el primer intento formal de Venezuela por normalizar su situación financiera desde que cayó en cesación de pagos en 2017, tras años de crisis económica, caída de producción petrolera y aislamiento del sistema financiero global.
