La crisis energética derivada del apagón que afectó a España, Portugal y parte de Francia el pasado 28 de abril de 2025 ha abierto un nuevo frente institucional entre Red Eléctrica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), luego de que la compañía presentara alegaciones contra el expediente sancionador por presuntas infracciones muy graves y acusara al regulador de actuar bajo un posible conflicto de interés.
La filial de Redeia sostiene que su actuación durante la gestión del sistema eléctrico fue plenamente ajustada a la normativa vigente y afirma que no existe ninguna infracción atribuible a la empresa. En consecuencia, considera que las pruebas entregadas deberían derivar en el archivo inmediato del procedimiento.
El expediente forma parte de los 64 procesos abiertos por la CNMC tras investigar las causas del apagón que dejó sin suministro eléctrico a millones de personas en la Península Ibérica. Entre todos los casos, el que involucra a Red Eléctrica es uno de los más sensibles, debido a su papel como operador y responsable de garantizar la seguridad del sistema energético español.
La empresa presidida por Beatriz Corredor enfrenta posibles sanciones de hasta 60 millones de euros por supuestas deficiencias en la gestión y operación del sistema eléctrico, conforme a lo establecido en la Ley del Sector Eléctrico.
En sus alegaciones, Red Eléctrica cuestiona la solidez técnica y jurídica del expediente, argumentando que la CNMC no ha precisado adecuadamente los hechos que sustentan la acusación. Según la compañía, esta situación genera un escenario de indefensión al obligarla, en la práctica, a demostrar su inocencia sin contar con una imputación detallada.
Además, la empresa acusa al organismo regulador de no incorporar al expediente más de medio centenar de informes y documentos técnicos aportados durante la investigación, los cuales —asegura— demostrarían la improcedencia de las sanciones.
Uno de los puntos centrales del conflicto gira en torno al denominado procedimiento operativo 7.4, una regulación que permite a las plantas renovables ejercer control de tensión en tiempo real, de forma similar a las centrales convencionales. Red Eléctrica había solicitado desde 2020 una actualización de esta normativa a la CNMC, aunque la modificación no comenzó a implementarse hasta después del apagón.
La compañía ha insistido durante los últimos meses en que parte del problema se originó en incumplimientos relacionados con el control de tensión por parte de plantas privadas de generación eléctrica y en vacíos regulatorios que, a su juicio, no fueron corregidos a tiempo.
El enfrentamiento ocurre además en medio de una creciente presión del sector energético. Empresas como Repsol ya han comenzado a movilizar reclamaciones legales relacionadas con el apagón. Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, confirmó recientemente el envío de requerimientos formales tanto a Red Eléctrica como a distintas distribuidoras eléctricas vinculadas a contratos de suministro.
