El proyecto para impulsar la independencia de Alberta sufrió uno de sus reveses más importantes luego de que una jueza canadiense bloqueara la posibilidad de convocar un referéndum separatista al considerar que el proceso ignoró los derechos constitucionales de comunidades indígenas.
La decisión fue emitida por la jueza Shaina Leonard en un tribunal de Edmonton y representa un duro golpe para el movimiento independentista que busca separar a la provincia más rica de Canadá del gobierno federal.
El fallo surgió tras una impugnación presentada por varias Primeras Naciones, entre ellas Athabasca Chipewyan First Nation, Blood Tribe, Piikani Nation y Siksika Nation, que argumentaron que una eventual separación alteraría tratados históricos firmados en el siglo XIX con la Corona británica.
En su resolución, Leonard sostuvo que la independencia de Alberta tendría consecuencias directas sobre los acuerdos territoriales y derechos ancestrales de las comunidades indígenas, por lo que el gobierno provincial tenía la obligación legal de consultarlas antes de avanzar con cualquier iniciativa de este tipo.
La jueza concluyó que esa consulta nunca ocurrió y determinó que las autoridades incumplieron su deber constitucional.
El movimiento separatista, encabezado por el grupo Stay Free Alberta, había asegurado reunir más de 300 mil firmas para exigir un referéndum ciudadano. Sin embargo, el proceso quedó suspendido mientras la justicia analizaba la demanda indígena.
Tras conocerse el fallo, el abogado del movimiento, Jeff Rath, anunció que apelarán la decisión al considerar que contiene errores legales y vulnera principios básicos de justicia.
Del otro lado, representantes indígenas celebraron el dictamen como una victoria histórica. El abogado Kevin Hille afirmó que el tribunal dejó claro que no puede impulsarse un proceso de independencia sin diálogo previo con los pueblos originarios, cuyos territorios y modos de vida podrían verse profundamente afectados.
La controversia vuelve a poner en evidencia las tensiones políticas y económicas que desde hace años enfrenta Alberta con Ottawa. Sectores conservadores y vinculados a la industria petrolera sostienen que el gobierno federal ha limitado el desarrollo energético de la provincia mediante regulaciones ambientales y políticas climáticas.
Con enormes reservas de petróleo y gas, Alberta es uno de los motores económicos de Canadá y concentra buena parte de la producción energética nacional. Sin embargo, también enfrenta crecientes cuestionamientos ambientales relacionados con la explotación de arenas bituminosas, el fracking y el impacto de la infraestructura energética sobre territorios indígenas.
Aunque el sentimiento separatista ha ganado visibilidad en los últimos años, las encuestas muestran que la mayoría de la población aún rechaza abandonar Canadá. Sondeos recientes indican que apenas una cuarta parte de los habitantes apoyaría la independencia.
El gobierno de la primera ministra provincial Danielle Smith ya adelantó que analizará la sentencia y podría respaldar una apelación, mientras el futuro del referéndum permanece en la incertidumbre.
